Una corte de Ontario, Canadá, revocó el laudo arbitral que en 2024 había favorecido al Estado mexicano en el litigio con inversionistas de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro y ordenó a México pagar 270 millones de dólares como indemnización por disputas contractuales con Petróleos Mexicanos (Pemex). La resolución, reportada por Global Arbitration Review el 14 de abril de 2026, señala irregularidades en el proceso arbitral previo y no admite apelación.
Qué determinó el tribunal canadiense sobre el caso Oro Negro
La corte de Ontario resolvió que el tribunal arbitral original, constituido bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), actuó de forma incorrecta al declararse sin jurisdicción para conocer el caso. Adicionalmente, el fallo señala que el coárbitro chileno Andrés Jana no reveló un posible conflicto de interés derivado de su trabajo como asesor legal, lo que comprometió la integridad del proceso. Con base en ambos argumentos, el órgano de apelación canadiense admitió la demanda de los inversionistas y ordenó reabrir el procedimiento para analizar el fondo del litigio.
Además de la condena potencial de 270 millones de dólares, la corte ordenó a México cubrir 100 mil dólares en costos procesales en un plazo de 30 días. La decisión ya no puede ser recurrida.
El laudo arbitral de 2024 que favoreció a México
En agosto de 2024, el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial había desestimado la demanda de los inversionistas por considerar que carecía de jurisdicción para resolverla. En aquella resolución, el panel concluyó además que los demandantes no tenían legitimidad suficiente, en parte por la doble nacionalidad de algunos de ellos, y que las pérdidas reclamadas eran de carácter indirecto. Como consecuencia, se ordenó a Oro Negro pagar aproximadamente 400 mil dólares a México por concepto de gastos de arbitraje.
Origen de la disputa: Pemex y los contratos de plataformas petroleras
El litigio tiene su origen en la relación contractual entre Oro Negro y Pemex entre 2013 y 2017, durante la administración de Enrique Peña Nieto. En ese periodo, la empresa arrendó a la petrolera estatal cinco plataformas petroleras: Primus, Decus, Laurus, Fortius e Impetus.
Los inversionistas argumentan que en 2015 Pemex indujo a Perforadora Oro Negro a aceptar una reducción en las tarifas de arrendamiento pactadas y que en 2017 la empresa estatal dio por terminados de forma anticipada contratos que aún se encontraban vigentes. Entre las acusaciones también figuran el trato preferencial otorgado a firmas competidoras y una presunta negativa de Oro Negro a pagar sobornos a funcionarios de Pemex, según la versión de los demandantes.
La demanda arbitral fue presentada en 2017. El procedimiento para impugnar el laudo de 2024 se inició en Canadá ese mismo año. Los demandantes incluyen a fondos e inversionistas internacionales identificados bajo el caso Alicia Grace, entre ellos Ampex Retirement Master Trust, Apple Oaks Partners, Brentwood Associates, Grupo Cambria y Axis Oil Services.
Contexto: quiebra de Oro Negro y segundo revés legal en una semana
Oro Negro, fundada en 2009, fue declarada en quiebra en junio de 2019 tras acumular pasivos estimados en más de 950 millones de dólares. La empresa enfrentó de forma simultánea el conflicto con Pemex, la caída de los precios del petróleo entre 2015 y 2016 y la cancelación de contratos. Sus plataformas fueron subastadas para cubrir deudas.
Este fallo representa el segundo revés legal internacional para México en menos de una semana. El miércoles anterior, la Corte de Apelación de Estados Unidos para el Circuito de Columbia emitió un fallo favorable a Lion Mexico Consolidated y condenó al gobierno mexicano a pagar 47 millones de dólares por incumplimiento en la protección de inversiones.
Conclusión
La resolución de la corte de Ontario anuló el laudo arbitral de 2024 que había favorecido a México en el caso Oro Negro y ordenó reabrir el procedimiento bajo el TLCAN. Aunque la decisión no implica de forma automática el pago de 270 millones de dólares —cifra que quedaría sujeta al análisis de fondo del caso—, la condena por costos procesales de 100 mil dólares es inmediata e inapelable. El fallo, sumado al de Lion Mexico Consolidated, coloca al Estado mexicano ante dos litigios internacionales con consecuencias económicas significativas en el mismo periodo.
