La Fiscalía General de la República (FGR) cerró en diciembre de 2025 la investigación por delincuencia organizada y trata de personas contra líderes de la Iglesia La Luz del Mundo (LLDM), abierta desde 2019, sin ejercer acción penal. La decisión fue impugnada por sobrevivientes de abuso sexual que denuncian un patrón de impunidad institucional hacia la congregación evangélica fundada hace un siglo en México.
La FGR archiva el caso sin explicaciones a las víctimas
Las sobrevivientes Sochil Martin y Sharim Guzmán, exintegrantes de la iglesia y denunciantes en el caso, conocieron la resolución de “no ejercicio de la acción penal” a través de la revisión directa del expediente, y no mediante una comunicación pública o formal por parte de la autoridad. Ambas impugnaron la decisión ante el Poder Judicial de la Federación. La queja fue programada para ser analizada el jueves 16 de abril en un tribunal del complejo penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.
Los expedientes de la FGR, a los que tuvo acceso El País, suman más de 1,100 páginas y documentan una investigación que incluyó operativos encubiertos. En septiembre de 2019, agentes se infiltraron en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara —sede central de la congregación— en busca de una joven que había comunicado por WhatsApp a un fiscal haber sido víctima de abuso sexual. La FGR no logró rescatarla; días después, lo hizo el FBI.
Décadas de impunidad: de abuelo a nieto
La iglesia La Luz del Mundo ha sido dirigida por tres generaciones de la familia Joaquín García. Su fundador falleció en 1964 sin enfrentar cargos penales. Su hijo Samuel gobernó la congregación durante 50 años y también eludió la justicia. El actual líder, Naasón Joaquín García, fue detenido en Los Ángeles en 2019 y declaró culpable en California por la violación de tres menores de edad; cumple una condena de casi 17 años de prisión.
En paralelo, Naasón Joaquín García enfrenta nuevas acusaciones federales en Estados Unidos por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, por las cuales podría permanecer en prisión el resto de su vida. Su juicio comenzará el 15 de marzo de 2027. Otros cinco acusados —Joaquín García de 56 años entre ellos— enfrentan cargos similares ante el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, que señala que los implicados organizaron el abuso sexual sistemático de niños y mujeres durante décadas valiéndose de su influencia religiosa y poder económico. Tres de los acusados se encuentran actualmente prófugos y se cree que están en México, según el DOJ.
Vínculos con Morena y la clase política
La investigación periodística de El País documenta que varios feligreses de La Luz del Mundo militan en Morena. Entre ellos se identifican el senador Emmanuel Reyes y el exsenador Israel Zamora Guzmán. Fue Zamora Guzmán quien, a través de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM) —brazo político de la congregación—, gestionó los permisos para celebrar en mayo de 2019 un homenaje a Naasón Joaquín en el Palacio de Bellas Artes, al que asistieron políticos de Morena. Una semana después de ese evento, el pastor fue detenido en Los Ángeles.
Según la investigación, la APEM cuenta entre sus integrantes con magistrados, legisladores locales, alcaldes y regidores de Morena en distintos estados del país.
Antecedentes: operativo armado y congelamiento de cuentas
En septiembre de 2025, elementos de seguridad de Michoacán detuvieron a 38 personas que realizaban prácticas de tiro. Los detenidos se identificaron como “Jahser” y fueron señalados como parte de una guardia secreta al servicio de la iglesia evangélica.
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado cuentas de la congregación por casi 20 millones de dólares tras detectar que Naasón Joaquín gastaba más de lo que percibía. Ese expediente también fue archivado.
Conclusión
El cierre de la investigación por parte de la FGR contra La Luz del Mundo pone fin, al menos temporalmente, a un proceso que documentó presuntos abusos sexuales, trata de personas y delincuencia organizada al interior de la congregación. Mientras en Estados Unidos el líder de la iglesia purga una condena y enfrenta nuevos juicios federales, en México el expediente quedó archivado sin que se ejerciera acción penal. Las sobrevivientes que denunciaron los hechos califican la decisión como un acto de impunidad y continúan su batalla legal ante el Poder Judicial de la Federación.
